El texto que, en forma de proposición de ley, quiere defender los valores de la lucha democrática, la República y el feminismo, y que todavía están elaborando los integrantes del Pacte, tiene un valor más simbólico que real, pero no por ello menos trascendente. Es innegable que existen en la sociedad sectores que reclaman la necesidad de reconocer el papel histórico de aquellos que defendieron la democracia y la República como régimen durante la Guerra Civil, pero también de los que lucharon desde la clandestinidad durante los largos años de la dictadura franquista. Fue un papel que matizó todo el proceso de la Transición.
Una ley de consenso. Un proyecto legislativo de estas características, si viene avalado por un amplio consenso, es la mejor prueba de su éxito y por tanto éste debe ser uno de los objetivos. De hecho, el Pacte pretende que se incorporen a la ley las fuerzas políticas de la oposición. Todos los grupos parlamentarios deberían ser capaces de pactar una redacción que asuma el espíritu que la ley: reconocer, homenajear y proteger el sacrificio y el testimonio de quienes han hecho posible nuestra democracia actual. El primer paso de ese acuerdo general en el Parlament fue la aprobación, por unanimidad, de la vigente Ley de Fosas, que ha amparado las primeras exhumaciones en Porreres.
Evitar la confrontación. Convertir la propuesta legislativa en la que se está trabajando en otro punto de fricción política será su fracaso. Sólo la generosidad y altura de miras permitirá sacarla adelante y con éxito. Los diferentes grupos deben ser capaces de mirar hacia delante con un espíritu de concordia, pero también con voluntad de realizar una labor didáctica y de justicia con el pasado que también condiciona nuestro presente. La historia debe dejar de ser un arma arrojadiza y lo será en la medida en que –como han realizado muchos países con sus episodios más trágicos y dolorosos– las heridas se cierren con justicia y no con olvido, como en ocasiones se pretende.