Este periódico informó ayer que el Ayuntamiento de Vila ha presentado alegaciones al borrador de proyecto de ley de pisos turísticos con el objetivo de que se respete la autonomía municipal. Con la actual ley sería el Consell d'Eivissa el que tuviese la última palabra en las autorizaciones de los pisos turísticos, y cualquier informe que hiciese el Ayuntamiento de Vila, y también el resto de consistorios, no sería vinculante. Sería una forma de ningunear las competencias municipales cuando los ayuntamientos son soberanos a la hora de planificar todos los aspectos relacionados con el urbanismo de su territorio.
Cambio necesario. Es un clamor que el anteproyecto de ley redactado por la Conselleria de Turisme es un despropósito total y absoluto. Ni los ayuntamientos del mismo color político que el Govern balear, como es el caso de Vila, apoyan esta ley que ha tenido la ‘virtud' de no gustar a nadie. Sin embargo, una de las cosas que más sorprende es la tibieza con la que el Consell d'Eivissa está abordando el debate de esta futura normativa, que el presidente insular, Vicent Torres, pueda dar carta de legalidad a los pisos turísticos y, a la vez, que diga que sería un error histórico permitir que residentes y turistas puedan compartir una misma comunidad de vecinos.
Contundencia. El Ayuntamiento de Vila no puede permitirse ser ninguneado por el Ejecutivo autonómico. Debe ser inflexible y decidir si quiere o no pisos turísticos, si bien el alcalde de Vila, Rafa Ruiz, ya ha sido muy claro en este aspecto y se ha posicionado en contra de la mezcla de usos en edificios plurifamiliares. Es el momento, pues, para que la Conselleria de Turisme analice de arriba abajo el documento presentado porque no resuelve el problema y, además, supone un desprecio absoluto a la autonomía municipal. Eso no se puede permitir. Y el Consell d'Eivissa tampoco debería bendecir esta propuesta, que no tiene ni pies ni cabeza.