El fraccionamiento de contratos parece ser una práctica extendida en algunas administraciones públicas pitiusas, que abusan de esta ilegalidad para no tener que publicitar el otorgamiento de determinados servicios y obras públicas. La ley establece que los contratos por bienes y servicios que no superen los 18.000 euros más IVA y las obras que no cuesten más de 50.000 euros más IVA podrán ser adjudicados sin necesidad de un concurso público. Una normativa conocida por todos los gobernantes, pero que se saltan a la torera a pesar de los informes que realizan los interventores municipales alertando de estas ilegalidades.
Prácticas comunes. Buena muestra de ello es lo publicado en las páginas de este rotativo durante los últimos días sobre las actuaciones de los equipos de gobierno en el Ayuntamiento de Sant Antoni y en el Consell de Formentera, y que enlaza directamente con lo acontecido en el Govern balear con los contratos adjudicados a dedo al ‘gurú' de Més, Jaume Garau. Unos contratos que eran legales porque no superaban los 18.000 euros, pero éticamente reprobables y que han acabado con la dimisión de la exconsellera de Cultura i Transparència, Ruth Mateu, y la investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
Explicaciones. Seguirle el rastro a los contratos menores es muy complicado ya que, como son adjudicados a dedo, no se les da publicidad y el pago de sus facturas pasan de puntillas por los plenarios. Con la introducción de portales de transparencia en las páginas web de las administraciones públicas (el Consell de Formentera todavía no lo tiene pese a ser obligatorio desde diciembre de 2015), se ha dado un poco de luz al pago de estas obras y servicios, pero sigue siendo insuficiente. Los equipos de gobierno de Sant Antoni y del Consell de Formentera deberían explicar qué intereses se esconden en la adjudicación de estos contratos que superan los límites legales y en los que, incluso, está implicado un medio de comunicación local.