El interventor del Consell de Formentera también redactó un informe en el que advirtió al gobierno insular que estaba incumpliendo la ley que regula los contratos menores. En uno de los casos, el Consell troceó un presupuesto de más de 480.000 euros para que trabajasen varios contratistas cuando lo que se hubiese tenido que hacer es convocar un concurso público para construir el nuevo campo de fútbol. Hay que tener en cuenta que un contrato menor está por debajo de los 18.000 euros. El informe del interventor pasó desapercibido en las crónicas de los plenos como muchas de las cosas que ocurren en Formentera y que pueden resultar llamativas. Ante la excusa de que se había discutido en un pleno, el Consell de Formentera no quiso dar ayer ninguna explicación ante el incumplimiento de las recomendaciones dadas por el interventor. «Ya lo explicamos en el pleno en su momento», contestaron.
Cumplir la ley. Es un hecho extremadamente grave que la administración sea la que incumpla la ley. Si lo hace de forma consciente, ¿con qué autoridad puede pedir a los ciudadanos que la cumplan? Si el objetivo es incumplir la ley conscientemente con nocturnidad y alevosía, ¿para qué hay funcionarios en las instituciones, que son los garantes de que se cumplan la ley? Algunos pueden decir que no son temas graves porque las obras se han hecho. Y es cierto, pero lo realmente grave es que se gestione el dinero público sin cumplir la ley y, además, que los responsables políticos se nieguen a dar explicaciones. No es esfuerzan ni lo más mínimo en buscar un argumento mínimamente convincente, igual que en Sant Antoni. Todavía se espera una contestación del Consell de Formentera en relación a los contratos menores expedidos al jefe de campaña de Més.
Mal ejemplo. Sin duda, se están produciendo ejemplos muy negativos para la imagen de los políticos. El Ayuntamiento de Sant Antoni y el Consell de Formentera incumplen las leyes a sabiendas de que lo hacen y ni siquiera se sienten obligados a dar explicaciones. Un auténtico despropósito.