El Govern se plantea incrementar la ecotasa para equilibrar sus cuentas, y eso que la balear es una de las autonomías con menos figura impositivas propias de todo el Estado. La búsqueda de más recursos financieros es una tarea casi obsesiva de los responsables de la gestión de los recursos financieros del Govern, con independencia de su color político. El castigo financiero al que Madrid somete a Balears, desde hace décadas, se agrava con la particularidad añadida de la insularidad. Un estudio de la Universitat dado a conocer ayer calcula que son 8.000 millones de euros los que Balears tiene de coste añadido para los ciudadanos, las empresas y los servicios públicos para compensar la insularidad.
Un debate por resolver. Incrementar la ecotasa podrá ayudar, de manera coyuntural a mejorar las cuentas gubernamentales, incluso –de manera colateral– paliar la sensación de saturación turística. Sin embargo, el problema real, de fondo, es un modelo de financiación autonómico injusto con Balears. La propuesta procedente de la UIB aboga por una rebaja del IVA en las Islas, con un tipo general del 15% frente al 21% actual. Otras regiones españolas y europeas gozan de medidas discriminatorias para equilibrar sus costes con el resto, una opción que el Govern tiene en estudio para incorporarlo a la propuesta del Régimen Especial de Balears (REB). Es necesario avanzar en este debate para formular iniciativas concretas en la negociación con el Gobierno central.
Pérdida de competitividad. Los costes de la insularidad no son un espejismo ni un pretexto para el lamento político y social, son una realidad tangible cada día para los ciudadanos y las empresas de Balears. Un buen modelo de financiación resolvería la prestación de servicios públicos básicos –sanidad, educación y prestaciones sociales– en las mismas condiciones que el resto de los españoles; pero levantar la losa de la insularidad pondría en pie de igualdad toda nuestra economía. Entonces podrá hablarse de igualdad de oportunidades.