El anteproyecto de Ley Agraria que está desarrollando la Conselleria de Medi Ambient i Agricultura parece que se está articulando desde la buena voluntad, pero también desde un excesivo intervencionismo público. Esta circunstancia dejará en una posición muy difícil a muchos pequeños propietarios, que se verán obligados a cuidar sus fincas o verse expuestos a recriminaciones e incluso sanciones, teniendo además que dedicar sus propiedades a actividades agrícolas y no a otros usos, como pueda ser el alquiler turístico.
Entre la espada y la pared. La nueva normativa puede dejar a no pocos pequeños titulares contra las cuerdas. Deberán cumplir con la sanidad vegetal y con el cuidado de sus tierras o bosques, que por otra parte ofrecen una escasísima o nula rentabilidad económica. Un cumplimiento estricto de la futura normativa puede hacer perder mucho dinero a los propietarios, que tienen que dedicarse forzosamente, en no pocos casos, a otras actividades profesionales. Esta ley les invita a enajenar sus fincas, que a menudo son fruto de herencias y de bienes que han pertenecido a sus antepasados y progenitores desde muy atrás.
Buena voluntad. No hay duda de que la Conselleria de Vicenç Vidal pone buena voluntad en la normativa. Busca que cada propietario invierta en su finca, que la aleje de plagas y de potenciales incendios y que se decida a invertir para garantizar una mayor producción agraria. Pero eso es utópico porque para algunos podría significar empobrecerse. Además, muchos propietarios que han mantenido sus fincas prácticamente intactas ven que sólo encuentran trabas si intentan una reforma o ampliación de sus casas de campo. No pueden mejorar sus activos, pero han de invertir. Se ven maniatados. La clave de toda propiedad es que genere beneficios, aunque sean modestos. Con esta ley tal anhelo no queda garantizado, muy al contrario. Muchos no quieren arriesgarse a alquilar a turistas ni pueden trabajar la finca. El mejor –y tal vez único– camino que les queda es vender.