El Gobierno de Mariano Rajoy quiere visibilizar su presencia en las comunidades, tanto en el ámbito competencial como de contrapoder político a los respectivos gobiernos autonómicos. Balears no es una excepción y la titular de la Delegación del Gobierno, Maria Salom, es la cara visible de esta nueva estrategia que rompe con el papel secundario mantenido por sus predecesores en el cargo. El cambio no ha pasado desapercibido en el Govern, que observa con recelo el protagonismo social que quiere asumir la representante de la Administración central en las Islas.
Pérdida territorial. En la dinámica que se impulsa desde La Moncloa, con la implicación directa de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, subyace la necesidad de contrarrestar la notable pérdida de control territorial del PP tras los últimos comicios, tanto en las comunidades como en las grandes capitales. El Gobierno, aunque en minoría, es el bastión que los conservadores quieren rentabilizar y la opción es dotar de más peso político a sus representantes en las autonomías: los delegados del Gobierno. La función de gestión casi administrativa –si se exceptúa las relativas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado– es cosa del pasado en esta nueva etapa.
Lealtad institucional. El Gobierno no puede ni debe violentar el equilibrio institucional que está plasmado en la Constitución. España es un Estado organizado en autonomías, un esquema que da la impresión que desde Madrid se quiere someter a revisión. No cabe duda que la deriva soberanista catalana es un factor que puede haber influido de manera determinante en el nuevo enfoque del Gobierno en sus relaciones con sus homólogos autonómicos, pero también puede generar focos de tensión innecesarios. Este es el peligro que se corre en Balears, donde entre las sedes del Consolat de Mar y la calle de la Constitució debería fluir la colaboración. Son los intereses de los ciudadanos los que están en juego.