El ataque a la lápida de los mártires asesinados en el Castillo de Vila en septiembre de 1936 merece una condena sin ningún tipo de matiz. Los hechos fueron protagonizados por un sujeto que intentó aprovechar la apertura de la Catedral antes de la misa para dañar esta lápida, que ya fue objeto de polémica hace algo más de un año cuando la vicepresidenta del Consell, Viviana de Sans, cuestionó el nombre que encabezaba la inscripción. Lo hizo en las redes sociales y tuvo que disculparse.
Los dos bandos. En esta ocasión, de nuevo este ataque ha sido utilizado para hacer política de baja altura, sectaria, que está muy lejos del respeto y del sentido común que se presume a los políticos. El propio alcalde de Vila, Rafa Ruiz, escribía en su cuenta de twitter: «Ja m'agradaria que sortissin tots els morts, no només una part, però en absolut comparteix aquest acte vandàlic que condemnam rotudament». Se da la circunstancia de que en dicha placa solo aparecen las personas que están enterradas en la propia Catedral. ¿Cuál es el problema real? Pues que las personas que aparecen en la lápida, desgraciadamente, fueron asesinadas por milicias republicanas. Entre los fallecidos había más de 20 sacerdotes. ¿Hubiese utilizado el mismo matiz el alcalde en caso de haber sido asesinados por tropas franquistas? En el mismo tono se expresó en Diario de Ibiza el conseller de Cultura, David Ribas, quien condenó los hechos «al margen de consideraciones del contenido de la placa». De nuevo un cargo político utiliza un lamentable hecho para hacer política y marcar diferencias.
Respeto. Cuesta creer que se siga haciendo política con los aspectos relacionados con la Memoria Histórica. Lo ocurrido entre 1936 y 1939 es un episodio lamentable de la historia de España, sin matices. Hubo fallecidos por ambos bandos y todos merecen un respeto. Si hay personas asesinadas por los franquistas y que aún no hayan tenido un reconocimiento público, que se resuelva inmediatamente. Sin matices, pero no utilicemos un asalto a la Catedral para seguir haciendo política y repartir este país entre buenos y malos de unos hechos que se produjeron hace más de 80 años. Las nuevas generaciones tienen la obligación de restituir con sentido común los errores de la historia.