El incremento de un 12 por ciento en el número de contratos menores de la Administración autonómica –aquellos que tienen un importe inferior a los 18.000 euros– confirma la necesidad de utilizar este mecanismo para poder dar respuesta inmediata al día a día de la gestión institucional. A pesar del compromiso de su reducción por parte del Govern –tras el estallido del escándalo que supuso la dimisión de la titular de la Conselleria d'Educació i Cultura, Ruth Mateu, perteneciente a Més–, no ha sido posible reducir la dinámica que permite agilizar la contratación de todo tipo de servicios. Esta circunstancia no debería ser incompatible con un control exigente sobre este tipo de gastos.
Máxima transparencia. La cuestión de fondo en todo aquello que hace referencia a los contratos menores reside en la existencia de mecanismos que, todavía, permiten un exceso de opacidad. Mateu tuvo que abandonar su departamento por ocultar contratos con el exjefe de campaña de su partido. Esta es la clave del problema. El recurso a los contratos menores es imprescindible para atender, en muchas ocasiones, demandas urgentes de los ciudadanos. El peligro reside, precisamente, en que no se conviertan en un pozo de reparto indiscriminado de fondos públicos con intereses personales o partidistas.
Nueva conciencia política. No cabe duda que la primera premisa a cumplir por parte de la Administración debe ser la legalidad, pero también es muy necesario que se implante una nueva conciencia ética sobre la corrección política de las contrataciones, sean de la modalidad que sean. En el caso de aquellas de menor importe económico se corre el riesgo de aceptar la laxitud en aras de una inmediatez, una dinámica que ya no se justifica en los tiempos que corren. Los ciudadanos tienen un modo muy diferente –mucho más exigente– de analizar de qué manera se gasta el dinero público. Hay que actuar en consecuencia.