A medida que transcurren las horas y se agota el plazo legal –que finaliza mañana a las 10 horas– para que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, responda al requerimiento del Gobierno sobre si llegó a proclamar la independencia de Catalunya en su comparecencia parlamentaria del pasado martes aumenta la presión de los grupos independentistas –la CUP, Esquerra Republicana (ERC) y Assemblea Nacional Catalana–, para que su respuesta sea afirmativa. La presión sobre el dirigente catalán es enorme, el cual es consciente de que de él depende la activación del artículo 155 de la Constitución, que habilita la intervención de la autonomía por parte del Estado. Desde Madrid se insiste en que la contestación debe ser clara en uno u otro sentido, sin más ejercicios interpretativos.
Encrucijada política. Puigdemont se encuentra en una auténtica encrucijada política de incierto futuro. Las pretensiones independentistas de Cataluña cuentan no sólo con la decidida oposición del Gobierno del PP que preside Mariano Rajoy, que tiene además el apoyo explícito de Ciudadanos y el PSOE a cambio del compromiso de una reforma constitucional, sino también con el rechazo del conjunto de la Unión Europea y sus principales socios. La salida de centenares de empresas catalanas a la búsqueda de marcos jurídicos y económicos estables ha sido, también, un durísimo golpe al independentismo cuyo bloque está perdiendo el monolitismo previo a la jornada del 1-O.
La hipótesis electoral. A la vista de la situación política interna que está viviendo Cataluña no son pocas las voces que apuntan a la convocatoria adelantada de elecciones como una de las posibles salidas del entuerto, un plateamiento que Puigdemont nunca ha querido aceptar hasta ahora pero que, tal y como se están desarrollando los acontecimientos podría ser la salida más plausible. Mañana será otra jornada clave en este grave conflicto político.