La modificación de la ley turística, que prohíbe el alquiler turístico por días o semanas en pisos, apartamentos y viviendas que carezcan de licencia, está causando cierto efecto en el mercado inmobiliario de Ibiza y Formentera. El temor a las multas, que oscilan entre los 20.000 y los 40.000 euros en el caso de particulares y que se elevan hasta los 400.000 euros en el caso de inmobiliarias, intermediarios o plataformas digitales que los publiciten, está provocando que vuelvan a aparecer los alquileres anuales entre las ofertas. Aún así, se siguen publicitando con impunidad anuncios como una caseta de madera de jardín por 450 euros más gastos de luz y agua.
Un problema que persiste. La prohibición del alquiler turístico se presentó como una de las soluciones para conseguir que el mercado se regulara y, poco a poco, fueran surgiendo de nuevo los alquileres anuales. Lo cierto es que sí que están apareciendo, pero a unos precios muy elevados. En muchos casos, a partir de 1.000 euros, por lo que el acceso al alquiler continúa siendo muy limitado para muchos jóvenes residentes en Ibiza e ibicencos, así como para muchas familias que ven cómo, incluso, con dos sueldos no les llega para pagar una vivienda en alquiler. El problema de acceso a la vivienda en alquiler, por tanto, continúa existiendo. En paralelo, los precios para adquirir un piso o vivienda en propiedad continúan por las nubes. Esta situación lleva a que haya quien, aun con trabajo, se vea obligado a pagar 400 euros por malvivir en una caseta con techo de uralita. O, directamente, a que familias enteras abandonen la isla por la imposibilidad de pagar vivienda y subsistir pese a tener un empleo estable.
Difícil solución. El problema de los alquileres en Ibiza tiene difícil solución porque, pese a los elevados precios, continúa existiendo una gran demanda que parece que se está cubriendo ya que los precios no bajan. También hay que recordar que estos precios tan caros son, en algunos casos, consecuencia de malas experiencias que han tenido los propietarios con inquilinos que han destrozado sus viviendas o se han dedicado a subalquilarlas por habitaciones o incluso camas.