Como otro desgarro habrá que entender, de confirmarse, la petición de asilo político en Bélgica del expresident Carles Puigdemont y de varios miembros de su gobierno. Los independentistas catalanes intentan trasladar el conflicto hacia otro país europeo como paso previo a enquistarlo en las instituciones comunitarias. Parece confirmarse que el «seguir trabajando por la República» no significaba ocupar los despachos de la Generalitat, sino seguir dando quebraderos de cabeza al Gobierno.
Elecciones para una sociedad dividida.
Hay otro elemento de preocupación inmediata para el Ejecutivo de Madrid: las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. La sociedad catalana está más polarizada que nunca. Es cierto que estas últimas semanas una «mayoría silenciosa» constitucional se ha dejado oír en las calles: pero la nacionalista sigue igual de movilizada y ha anunciado que se presentará a los comicios, por muy contradictoria que sea esta decisión con la proclamación de la república. Si no sucede algo extraordinario, los resultados del 21-D no despejarán el panorama político catalán.
Una intervención de momento ejemplar.
En esta situación tan delicada hay que felicitarse por la discreción con la que el Gobierno de España intervino ayer la Generalitat. No hubo alardes de cargos de Madrid ocupando dependencias, sino instrucciones a la administración para que continúe con su normal desempeño. Se han evitado las «humillaciones» por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que es lo que algunos creían o incluso deseaban. Todo, incluso el traspaso de poderes al Major de los Mossos, Ferran López, se ha realizado de manera ejemplar. Esta intervención ‘suave' contrasta con la dura querella de la Fiscalía contra Puigdemont y el resto de autoridades independentistas. Hay que recordar que todos ellos hicieron lo posible para no incurrir en ilícitos penales claros, como lo demuestra el hecho de que ni siquiera retiraron la bandera española del Palau Sant Jordi tras proclamar la República de Catalunya.