La presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, abandonó el viernes la cárcel de Alcalá Meco tras abonar la fianza de 150.000 euros que le impuso el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Fueron 14 horas las que permaneció en el recinto carcelario la segunda autoridad de Catalunya. El resto de integrantes de la Mesa tienen que hacer frente a cauciones muy inferiores –con un plazo de una semana para hacerlas efectivas– o quedaron libres sin cargos. Las medidas cautelares impuestas por el Supremo contrastan con la dureza de las fijadas por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y seis exconsellers, además de los dirigentes de Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana. Todos ellos continúan en prisión acusados de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
La querella de la Fiscalía.
Tanto Llarena como Lamela coinciden en el fondo de la querella interpuesta por la Fiscalía del Estado contra los responsables institucionales del proceso secesionista en Catalunya, pero su manera de proceder es sensiblemente diferente. En el Tribunal Supremo no ha habido inconveniente en conceder una semana para que los aforados pudiesen preparar su defensa, un plazo que se consideró innecesario en la Audiencia Nacional. No se escapa el detalle de que Forcadell y el resto de miembros de la Mesa respondieron a las preguntas del fiscal, un hecho clave, y que aceptaron explícitamente las consecuencias de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, una actitud contrapuesta a la mantenida por los exconsellers en su declaración en la Audiencia Nacional, mucho más altiva y sin arrepentimiento.
El coche oficial.
Lo que no tiene explicación ni justificación es que Forcadell saliese de la cárcel en coche oficial. Es sorprendente que los que acostumbran a dar lecciones de ética no hayan denunciado un hecho que es escandaloso. No se conocen precedentes.