Hace tiempo que este periódico lleva informando sobre la peculiar manera que tiene el Consell de Formentera de gestionar del dinero público. Cuando no se trata de contratos para informes inútiles al gurú electoral de Més se encargan estudios arquitectónicos al despacho de arquitectos del cuñado y la hermana del gerente del Consell, todo desde la más absoluta impunidad y sin el más mínimo pudor que debería exigirse un gobierno que se llama progresista y de la gente. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Cada día que se conocen más datos sobre la forma de gobernar del Consell se confirma que se incumple las leyes a sabiendas. El último informe de la Sindicatura de Comptes sobre las subvenciones del gobierno insular ha vuelto a ser demoledor. El 54 por ciento del total de la actividad subvencionada del Consell en 2015, año electoral, se hizo de forma directa sin publicidad ni concurrencia, tal y como exige la ley.
Perjudicar a las entidades.
No solo se incumple la ley a sabiendas sino que el Consell de Formentera saca pecho por ello. El conseller de Hacienda, Bartomeu Escandall, ha dicho que si se aplicase la concurrencia competitiva se perjudicaría a las entidades. Es decir, si se aplica la ley se perjudica a las entidades que el Consell cree que hay que beneficiar, dicho en otras palabras. Si fuese así, ¿cómo es posible que solo el Consell de Formentera incumpla la ley? ¿Cómo se explica que los consells de Mallorca, Ibiza y Menorca sí se adaptan a la normativa vigente?
Urge una auditoría.
Visto lo visto, parece irremediable que se haga un auditoría exhaustiva para conocer la gestión del dinero público del actual gobierno insular, de cómo se han encargado estudios, concedido subvenciones, y asignado ayudas a entidades afines. No parecen convincentes ni las explicaciones oficiales ni toda la retahíla de irregularidades que se van conociendo sobre la gestión del Consell de Formentera. El asunto es grave.