La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, sólo logró arrancar ayer la «intención» del Gobierno, expresada por su presidente, Pedro Sánchez, de dotar a Balears de un Régimen Especial en 2019; un compromiso que cabe entender en los márgenes del posibilismo con los que se debe manejar el Ejecutivo en las actuales circunstancias. Con todo, hay que celebrar que la iniciativa política de mayor calado y consenso social que ha surgido en las Islas siga adelante y que haya superado el cambio del PP al PSOE. Cuando apenas faltan dos meses para que finalice el año, la falta de concreción de Armengol a la hora de explicar el resultado de su encuentro con el presidente Sánchez levanta suspicacias, pero es probable que forme parte de una estrategia medida de dosificación de la información.
Un acuerdo por redactar.
Armengol confirmó las grandes líneas del futuro REB –ayudas a la competitividad empresarial, consolidación del descuento para residentes del 75 %, flujo de inversiones estatales, etc.–, un paquete de medidas vitales para ajustar el grave desequilibrio que tiene Balears respecto al resto de Comunidades; un lastre que acaban soportando los ciudadanos de las Islas. Todo indica que el Gobierno socialista ha aceptado íntegramente el documento que ya se estaba ultimando con el anterior equipo del PP que dirigía Cristóbal Montoro, una firma que quedó truncada por la moción de censura contra Mariano Rajoy. Falta, no obstante, por conocer los detalles, la letra pequeña.
Depuración de aguas.
Entre las línea de convenios que Sánchez quiere impulsar para aumentar las inversión del Estado en Balears figuran dos básicas: depuración de aguas y red ferroviaria; ambas transferidas a la Comunitat. Los trenes no son algo que beneficie a los habitantes de las Pitiusas, del mismo modo que el AVE no repercute directamente en ciudadanos de Balears. Pero las depuradoras han quedado obsoletas y se requiere una fuerte inversión. En esto hace falta mayor compromiso del Gobierno.