La falta de recursos se plantea como la raíz del problema en la demora para obtener la valoración médica de la discapacidad, que llega a superar los seis meses. Así se explica desde la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, cuya titular, Fina Santiago, apunta la escasez de médicos y la ausencia de incentivos laborales como elementos determinantes de una situación que acaban sufriendo miles de ciudadanos.
Lo que quizá resulta más llamativo es que en la legislatura en la que se pretendía recuperar el terreno perdido en las prestaciones sociales, campo en el que los gobiernos del PP no dudaron en adoptar medidas muy restrictivas, todavía se planteen situaciones como ésta; el contrastre con el discurso del Pacte es manifiesto.
Una pésima financiación
Sería injusto querer atribuir en exclusiva la responsabilidad de esta falta de atención en un terreno tan sensible como es el de la discapacidad a los gestores del servicio. Su cuota la comparten con un esquema de financiación injusto con Balears y sus ciudadanos.
El esfuerzo fiscal que hacen los contribuyentes de las Islas no se corresponde con la cantidad y calidad de los servicios públicos que recibe, un agravio que resulta especialmente doloroso cuando afecta a los colectivos más desfavorecidos.
Con un modelo de financiación autonómico que no maltratase a nuestra Comunitat como viene sucediendo desde hace décadas, es muy probable que la demora en Serveis Socials no fuera la actual.
Resolver el problema
La lamentación, por muy justificada que esté, en poco o nada ayuda a resolver el problema. Santiago y su equipo deben explorar medidas que ayuden a reducir estos retrasos actuales, recurriendo a fórmulas que ayuden a desatascar unos trámites imprescindibles para la obtención de las ayudas públicas en un segmento de la población que requiere toda la atención personal e institucional; la situación de desamparo sería la mayor de las injusticias.