Un informe de la Universitat de les Illes Balears detalla que un 24 por ciento de la población escolar ha dejado sus estudios o son incompletos, una situación sobre la que los planes previstos para reconducirla siguen sin dar los resultados esperados. El problema es, con toda probabilidad, uno de los más graves a los que debe hacer frente nuestra sociedad. Los factores que inciden en este fenómeno son conocidos, pero ha llegado el momento de implicar a más agentes sociales en la aportación de soluciones. La iniciativa no se puede dejar sólo en mano de las instituciones.
Exigencia de formación.
Una economía dinámica como la balear supone un claro atractivo para que miles de jóvenes dejen las aulas para iniciarse en el mercado laboral, una decisión que supone asumir la pérdida de años de formación. Además de potenciar líneas como la Formación Profesional, con una salidas laborales casi garantizadas en todas sus ramas pero que necesita prestigiarse socialmente, hay un aspecto sobre el que es preciso trabajar. Los empresarios y los sindicatos deben incorporar entre las exigencias para el acceso al mercado laboral la acreditación de determinado nivel de estudios. Hay que llevar al ánimo de nuestros jóvenes estudiantes que es preciso completar los ciclos académicos para poder trabajar, y eso puede ser una condición a incluir en los nuevos convenios colectivos.
Un lastre social.
Balears se sitúa en las comunidades que encabezan el triste ranking del abandono escolar en España, una posición que acaba suponiendo un enorme lastre social por lo que conlleva de freno al progreso laboral de miles de trabajadores, que quedan condenados a seguir ocupando puestos de baja cualificación, y también bajos salarios, durante toda su vida profesional como consecuencia de sus carencias formativas. Romper este círculo infernal es posible, pero requiere una toma de conciencia de la gravedad del problema.