El Govern aprobó el viernes el techo de gasto para 2020. 4.383 millones de euros, poco más de 50 millones menos que en el ejercicio de este año, un descenso del 1,1 por ciento. Más que las cifras, lo llamativo del caso es que el Govern se ve obligado por el Gobierno estatal a aplicar nuevos recortes cuando Balears figura entre las autonomías peor financiadas de todo el Estado. Las cuentas de la Comunitat se encuentran instaladas de manera permanente en una virtualidad que acaba pesando como una losa. El endeudamiento genera unos costes crecientes que pueden acabar colapsando las instituciones. Es preciso romper esta dinámica cuanto antes.
La coincidencia política.
La sintonía ideológica entre los gobiernos de España y Balears explica la aceptación de una situación que prolonga el maltrato financiero de las Islas, el cual acaba repercutiendo en la calidad de los servicios públicos que reciben los ciudadanos. Sólo a modo de ejemplo, cabe señalar que la previsión del convenio de carreteras se ha reducido a la mitad, circunstancia que explica las escasas expectativas que el Govern tiene de revertir la situación durante el próximo año. Resulta obvio destacar que la provisionalidad del Gobierno en nada ayuda a generar un escenario más favorable para los intereses de nuestra autonomía.
Entre la realidad y la ficción.
La redacción de los Presupuestos del próximo año se antoja especialmente complicada. En plena fase de su confección, la interlocución con el Gobierno queda condicionada por los resultados de las elecciones del 10-N y la investidura del próximo presidente. Muchas e importantes incógnitas las que están por delante, las cuales introducen mucha incertidumbre sobre la solvencia de las cuentas que se debatirán en el Parlament. La presidenta del Govern, Francina Armengol, anunciaba semanas atrás la adopción de ajustes. Ahora queda por saber por dónde se aplicarán los tijeretazos.