El fiscal anticorrupción de la Audiencia Nacional ha solicitado a su homólogo suizo el acceso a todos los datos disponibles sobre una supuesta donación de 65 millones de euros desde una fundación panameña, vinculada a don Juan Carlos, a su amiga Corinna Larsen. Las diligencias se enmarcan en la investigación abierta sobre el presunto pago de comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca, cuya cantidad podría ascender a los 100 millones de dólares. En el Congreso, diputados de cinco partidos han anunciado la petición de una comisión de investigación sobre estas operaciones en las que podría estar implicado el rey emérito.
Nueva prueba a la Monarquía.
El episodio en el que se encuentra inmerso don Juan Carlos requiere una explicación pormenorizada, tal como exige la lógica de la práctica política. Los indudables servicios prestados a España en su transición a la democracia no pueden tapar este oscuro trasiego de millones de euros, incluso con donaciones justificadas de manera tan esperpéntica como que se trata de un regalo «no solicitado» a la señora Larsen por el simple hecho de que el padre de Felipe VI se había encariñado con ella y su hijo, según la versión de sus abogados. El estallido del ‘caso Nóos’ acabó forzando la abdicación de don Juan Carlos. No despejar las dudas del actual puede deteriorar severamente la institución monárquica en nuestro país.
Dimensión política.
La comisión investigadora sobre este asunto que promueven Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Compromís, Más País, el Bloque Nacionalista Galego y Unidas Podemos abre un comprometido frente político para el Gobierno. El PSOE ya ha adelantado, amparándose en los letrados del Congreso, que la comisión no tiene cabida, una posición que con seguridad comparten otras formaciones como el PP o Cs. Rehuir las explicaciones no es la opción más adecuada en una sociedad democrática que necesita confiar en unas instituciones transparentes.