La Mesa del Congreso volvió ayer a rechazar dos propuestas de investigación de las presuntas irregularidades cometidas por el rey don Juan Carlos, el cobro de comisiones de las obras del AVE a La Meca, gracias a los votos del PSOE, PP y Vox. Las tres formaciones asumieron el informe de los servicios jurídicos que defendían la inviolabilidad del anterior jefe del Estado. Los partidos independentistas y nacionalistas propondrán que se retiren del Congreso todos los retratos de don Juan Carlos, circunstancia que generará un nuevo debate político.
Contradicciones jurídicas.
La posición de la Mesa del Congreso de los Diputados, basada en el dictamen de sus propios servicios jurídicos, se contradice con el criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Este organismo ha abierto una investigación sobre la supuestas comisiones que recibió el rey emérito, las cuales están siendo objeto de un seguimiento por parte de los fiscales suizos. Para la Fiscalía del Supremo, la inviolabilidad de don Juan Carlos cesó en el momento de su abdicación en favor de su hijo, el rey don Felipe. Hay, por tanto, interpretaciones jurídicas contrapuestas sobre el alcance temporal de la protección jurídica del jefe del Estado. Además, para la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, el Congreso sólo puede fiscalizar la acción del Gobierno y no otras instituciones del Estado.
En defensa propia.
La mediación de don Juan Carlos para que empresas españolas asuman la ejecución de grandes proyectos era conocida y valorada positivamente, pero nunca vinculada a comisiones irregulares como ocurre en el caso del AVE a La Meca y en otros casos de los que están informando algunos medios de comunicación, como la venta de unos terrenos en México. Aceptar que el exjefe del Estado haga pública su versión de lo ocurrido, como cualquier otro ciudadano, sería una demostración de la solidez del sistema democrático español. El Congreso perdió ayer una oportunidad para reforzar la credibilidad del vigente modelo de Estado.