La propuesta que el Gobierno ha enviado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que ayuntamientos y consells puedan disponer de una parte de los ahorros que han venido acumulando en los últimos años es gravosa para los intereses de las administraciones locales. El plan del Ejecutivo de Sánchez consiste en que los entes locales transfieran al Estado voluntariamente, aunque bajo la amenaza de no poder disponer de ellos, los fondos que actualmente tienen en el banco, y no pueden gastar por una decisión política del Gobierno, a cambio del compromiso de que la misma cantidad será retornada en un plazo de 12 años. 2.000 millones de euros repartidos proporcionalmente en base a la aportación de cada administración en 2020, 3.000 millones, en 2021 y el resto, divididos en los siguientes 10 años.
No es un préstamo.
De la terminología utilizada por el Gobierno se desprende que no se trata de un préstamo, ya que se refiere en todo momento a que la devolución tendrá carácter de ingresos no financieros. Es obvio que la operación está más pensada en resolver las necesidades del Ejecutivo y en maquillar las cuentas públicas que en facilitar la imprescindible inversión pública para dinamizar la economía y la atención de proximidad a los más necesitados. La fórmula es una incautación de facto, aunque con compromiso de devolución.
Chantaje.
A falta de saber si los ayuntamientos podrán hacer algún uso de los fondos si deciden no participar en esta gigantesca operación contable, la propuesta contiene todos los ingredientes para ser calificada de un inaceptable chantaje, cuyo único fin es cuadrar las cuentas del Estado a costa de las administraciones con menor capacidad financiera y que, en cambio, han de suplir las carencias de los otros niveles de la administración por la cercanía con los ciudadanos. Para contener la previsible reacción crítica de los primeros ediles, Pedro Sánchez ha preparado dos cortafuegos: un fondo para las pérdidas del transporte público y la participación en los fondos que está negociando en la Unión Europea.