La presidenta Armengol ha optado por Francesc Antich para presidir la Autoritat Portuària (APB). El expresident es alguien de su entera confianza, de honestidad personal acreditada, que no tiene interés en los puertos y con un peso político incuestionable. Instituir al expresident traslada un mensaje diáfano a quienes tumbaron a Joan Gual de Torrella: la APB estará blindada por el PSOE, lo que antes no ocurría. Pero este aviso está dirigido no sólo a los concesionarios que, a base de denuncias y la colaboración de la Fiscalía Anticorrupción, dinamitaron la anterior Presidencia. También es un mensaje para Podemos y Més que, a las primeras de cambio, exigieron renuncias por sospechas inconcretas. No pasará lo mismo con Antich, si es que siguen lloviendo denuncias y se mantiene el interés investigador de la Fiscalía.
Objetivo cumplido.
Es significativo que la operación contra Joan Gual de Torrella permanezca en un punto muerto desde la intervención policial en la sede de la APB el pasado 24 de julio. Después del registro e incautación de documentos y soportes informáticos, el expresidente aún no ha sido llamado a declarar. A la espera de los acontecimientos que sin duda han de producirse, da la impresión de que el objetivo ya se ha cumplido: desalojarlo. Gual asegura que intentó poner orden en un organismo donde se mueve mucho dinero y que dirime intereses particulares de calado, y que por ello fueron a por él.
Esto es lo importante.
Ya se verá si Joan Gual cometió irregularidades penales. José María Urrutia, que fue comandante naval de Balears y era un hombre fuera de toda sospecha, ya fue relevado por el expresident José Ramón Bauzá en 2013 por las presiones de los empresarios. Urrutia no quiso dar su brazo a torcer, fue cesado y reemplazado por Alberto Pons, quien anunció grandes proyectos. Ninguno cristalizó. Lo importante eran las concesiones, y lo son.