El presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, sorprendió ayer a los alcaldes con una audaz propuesta para reducir el importe del recibo de las basuras que, gracias a los 4,5 millones de euros que aportará la institución ibicenca, se reducirá entre un 20 y un 30% en lugar de duplicarse tal como estaba previsto. El plan del gobierno del Consell d'Eivissa consiste en asumir los costes de explotación del vertedero de Ca na Putxa del año 2021, lo que evitará que los ayuntamientos los trasladen a los ciudadanos.
El Govern y los ayuntamientos.
La reducción podría ser todavía mayor, si el Govern cumple de una vez con todas con el compromiso de financiar el 30 % de las inversiones realizadas en el vertedero, coste que la concesionaria dejaría de cargar en el recibo. Los ayuntamientos, por su parte, tienen por delante el reto de diseñar actuaciones ingeniosas como la anunciada ayer por el presidente en el marco del Consell d'Alcaldes para minorar, en la medida de lo posible, la elevada carga fiscal de los vecinos. Deben aprovechar que el Gobierno ha levantado la rigidez de la ley Montoro para 2021 y 2022 para aliviar las deterioradas economías familiares.
Las ayudas no funcionan.
La experiencia de estos últimos meses, en los que han proliferado las ayudas de todo tipo de las administraciones, demuestra que no es el mejor camino para realmente contribuir a superar el delicado momento actual. Se ha constatado, tal como repiten una y otra vez los empresarios, que las ayudas no acaban llegando a los destinatarios con la fluidez y rapidez que debería, como está sucediendo con la desafortunada tramitación de las ayudas a los autónomos del Govern balear, y que generan unos costes de tramitación demasiado altos que llegan a paralizar departamentos enteros. Las rebajas masivas de impuestos y tasas no requieren la tramitación de expediente alguno, no tienen costes ocultos y llegan masiva y fácilmente a todos los destinatarios. El Govern ha congelado los impuestos y el Gobierno los ha subido. Ahora toca el turno de los municipios cuya obligación es arrimar el hombro para reducir el impacto de la crisis.