En agosto de 2020, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya alertó de riesgo grave en las finanzas del Govern. La Airef advirtió en 2021 de que no estaba garantizada la sostenibilidad financiera de la Comunidad por la abrupta paralización de la actividad económica y el hundimiento de los ingresos. Baleares es la autonomía que ha registrado la mayor caída del PIB, que ha devastado el 27 por ciento de la riqueza regional, además de liderar el incremento del paro y la destrucción de empleo. El insoportable impacto de la COVID-19, aún sin fecha real de salida y una incertidumbre que origina un enorme malestar social así como preocupación empresarial, obliga al Govern a endeudarse a niveles nunca vistos para cuadrar sus cuentas. El Ejecutivo autonómico, que cerró 2020 con una deuda de 5.225 millones sólo con el Estado, alcanzará este año un endeudamiento global récord, que ascenderá a 9.035 millones.
Dinámica de despropósitos.
Baleares sufre los efectos de un sistema de financiación perjudicial con una deficiente dotación de las competencias transferidas. Su coste ha ido aumentando por el constante crecimiento de población del Archipiélago registrado en los últimos años. La normativa en vigor, además de no compensar los sobrecostes de la insularidad, obliga al Govern a aumentar la deuda cada año con una dinámica de despropósitos que nos daña severamente.
Incumplimiento del Régimen Especial.
Baleares, que no resistirá con este sistema, ya que, además debe aportar 450 millones en solidaridad con otras autonomías, debe rebelarse y exigir al Gobierno de Pedro Sánchez otro trato, fiscal y financiero. El Pleno del Parlament debate hoy la presentación de un recurso de inconstitucionalidad a los Presupuestos Generales del Estado por incumplir el Régimen Especial de Baleares (REB). La unanimidad es necesaria para expresar la indignación de Baleares, adquirir peso político y tener coherencia al reclamar a Madrid, aunque no se espera que PSIB y Unidas Podemos se enfrenten a Moncloa.