La declaración complementaria presentada por don Juan Carlos ante la Agencia Tributaria por un importe de 4,3 millones de euros, que se añade a una anterior de 678.393 euros derivada de la liquidación fiscal de los beneficios obtenidos de la fundación Zagatka, supone un duro revés a la ya debilitada imagen pública del rey emérito ante la sociedad española. El gesto es muy probable que paralice eventuales acciones penales contra el anterior jefe del Estado, pero no le libra del severo reproche político y social, empezando por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha calificado de «incívica» esta conducta, más allá del deterioro que significa para la institución monárquica en nuestro país.
Sospechas confirmadas.
La presentación de esta nueva liquidación fiscal y su elevado importe –cabe recordar que sólo abarca los últimos cinco años, ya que los anteriores se consideran prescritos– evidencia la participación de don Juan Carlos en entramados financieros destinados a garantizar la opacidad fiscal, algo inadmisible para quien tiene el deber de la ejemplaridad ante sus conciudadanos. La cuantía de la aportación a la Agencia Tributaria da cuenta de los manejos millonarios en los que participaba el rey emérito en el desempeño de sus altas responsabilidades, una flagrante contradicción con sus discursos públicos y que, ahora, los españoles recuerdan con indignación.
Un regreso complicado.
La vuelta a España de don Juan Carlos no logra encontrar su momento oportuno. Instalado desde agosto del pasado año en los Emiratos Árabes, las informaciones que acorralan al anterior jefe del Estado no cesan y parece más sensato mantener esta distancia, aunque sólo sea para mantener un cordón sanitario para evitar que la situación se desborde y acabe salpicando al rey don Felipe, su hijo. Un equilibrio difícil y de incierto futuro.