El plan de reformas remitido por el Gobierno a Bruselas para conseguir los fondos europeos incluye la supresión de la reducción fiscal por la tributación conjunta en la declaración del Impuesto sobre la Renta. Es la deducción de 3.400 euros que incrementan el mínimo exento del IRPF. Beneficia a dos millones de hogares y su cuantía asciende a mil millones de euros. En realidad nos hallamos ante una subida de impuestos de mil millones de euros que afecta a los 4,2 millones de ciudadanos de las dos millones de familias acogidas a esta fórmula fiscal. El Gobierno de Pedro Sánchez presenta la eliminación de los 3.400 euros en las declaraciones conjuntas como una «política de igualdad», pero aumenta la presión fiscal, sobre todo a los hogares con rentas más bajas, como ya han denunciado la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y el centro de análisis Funcas.
Una medida que genera controversia.
La AIReF concluye que es una medida regresiva y que perjudicará más a los más pobres y los hogares en los que muchas mujeres no pueden trabajar. Y el director de estudios tributarios de Funcas, José Félix Sanz, afirma que «supone una subida impositiva encubierta a los matrimonios con un solo perceptor de rentas, o con un segundo perceptor pero con rentas significativamente menores a las del perceptor principal», lo que se produce en las familias hogares con menos recursos. Por tanto, reducirá la progresividad y la capacidad redistributiva del IRPF y penalizará el matrimonio respecto a la separación, el divorcio o la viudedad.
Participación laboral de la mujer.
La AIReF también considera que la tributación conjunta desincentiva la participación laboral de la mujer, argumento que invoca el Gobierno para eliminarla. Pero una decisión de esta naturaleza, con el impacto que provoca, debe ser explicada y debatida primero en sede parlamentaria antes de ser incluida en un plan que ya se ha remitido a la Unión Europea.