Una de las medidas de prevención en la lucha contra la propagación del virus consiste en la exigencia del pasaporte COVID para acceder a espacios y actividades que pueden representar un riesgo de contagio. Francia lo aplica a partir de hoy para entrar en bares y restaurantes. En España se ha empezado a exigir para el acceso a las discotecas en Galicia, mientras en Andalucía, Cantabria y Canarias sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia se han pronunciado en contra. En Baleares esta relevante medida ha sido anunciada por el Govern de una forma poco habitual. En la cuenta de la Conselleria Salud en Twitter ha aparecido que a partir de septiembre solo las personas con la vacunación completa podrán acceder a los gimnasios, a los entrenamientos y a las competiciones deportivas en las Islas.
Dudas jurídicas y controversia.
Con esta estrategia, el Ejecutivo autonómico pretende motivar a quienes aún no se han puesto la vacuna a que lo hagan lo antes posible para alcanzar la inmunidad de grupo que ahora se sitúa en el noventa por ciento. Es una iniciativa que, además de suscitar dudas jurídicas, provocará una controversia considerable entre la población, especialmente si no se informa de manera adecuada y se anuncian decisiones de esta envergadura sin llevarlas a los foros básicos, como la Mesa del Diálogo Social para explicar los motivos que la justifican.
Contenido, objetivos y alcance.
Esta nueva medida -que se da a conocer cuando Baleares sigue siendo la comunidad con mayor incidencia acumulada a 14 días y la ocupación en las UCI de las Islas continua en riesgo alto- puede ser necesaria pero hay que afinar y acertar en la forma de ponerla en práctica. Además de la información previa, es preciso explicar a la población el contenido, objetivos y alcance de la exigencia del pasaporte Covid. Hay que informar con detalle sobre la entrada en vigor y cómo se aplicará para conseguir el apoyo y la confianza de los ciudadanos afectados. Y contar con el aval jurídico del TSJB.