Alrededor de 20.000 personas de Baleares, mayores de 12 años, han decidido iniciar la pauta de vacunación contra el coronavirus desde que a principios del pasado mes de diciembre se implantó la exigencia de la acreditación de su cumplimiento para acceder a determinados establecimientos y actividades. En la actualidad, alrededor de un 12% de la población todavía no ha recibido ninguna dosis mientras que un grupo de 26.665 ciudadanos ha renunciado de manera expresa a la inoculación del antídoto contra el virus. No cabe duda de que las medidas implantandas por el Govern están teniendo un efecto disuasivo frente a quienes se han opuesto a la vacunación, aunque resulta evidente de que todavía hay margen para seguir incentivándola.
Aval judicial.
En esta ocasión, la exigencia del pasaporte COVID para poder acceder a bares, restaurantes y otro tipo de actividades es una estrategia del Govern que cuenta por el apoyo de los jueces. Además, cabe destacar la buena predisposición de los sectores afectados por cumplir con las nueva normas a pesar del esfuerzo que ello supone. Todo ello está dibujando un escenario propicio para lograr el objetivo de mejorar los índices de vacunación de los ciudadanos; la medida conocida más eficaz para atenuar los efectos sobre la salud más adversos de la pandemia. Así parecen haberlo entendido miles de ciudadanos.
Máxima determinación.
La determinación de las autoridades sanitarias, autonómicas y estatales en este sentido no debe ofrecer dudas. Un ejemplo claro lo ha dado estos días el presidente de Francia, Emmanuel Macron, respecto a la voluntad de hacer la vida imposible a los no vacunados. Sin violentar los derechos individuales de las personas, reconocidos por la Constitución española, éste debe ser el camino. El virus está provocando serios quebrantos al sistema sanitario con miles de afectados y fallecidos. Es el momento de mantener la firmeza para acabar con esta crisis.