El último informe realizado por el Consell Econòmic i Social (CES) define una situación más que preocupante. Casi un tercio de las familias de las Islas no está en condiciones de afrontar gastos imprevistos. Ello significa que no tiene la más mínima capacidad de ahorro. La situación se agrava con el dato de que un 20 por ciento de los menores de 29 años se encuentra en un riesgo de pobreza. La circunstancia corre pareja a las tasas de paro juvenil que registra nuestro país. El escenario sobrevenido como consecuencia del conflicto bélico en Ucrania precisa de acciones directas y concretas –algunas de las cuales ya han comenzado a tomarse por parte de las instituciones– si se quiere evitar un auténtico estallido social.
Los contrastes sociales
Las conclusiones del Consell Econòmic i Social se dan a conocer, precisamente, en un año en el que Balears ha logrado una extraordinaria recuperación económica; el impulso del sector turístico ha sido definitivo. Sin embargo, sorprende el contraste de esta coyuntura con el trasfondo social que revela el informe del CES. Las Islas han rozado el pleno empleo durante estos meses, pero la remuneración salarial sigue siendo muy ajustada para poder hacer frente a una fase inflacionaria tan severa como la que estamos viviendo. Con un alza del IPC, que ha alcanzado los dos dígitos, los recursos de los ciudadanos para asumir el aumento de precios rebasan ya sus posibilidades.
Planes de urgencia
La batería de ayudas que está poniendo en marcha el Gobierno y el resto de organismos públicos para tratar de capear el temporal no parece que vaya a ser suficiente. El gobernador del Banco de España ya demora hasta el 2024 la aparición de los primeros síntomas de recuperación económica; un plazo excesivo para las maltrechas economías familiares muy castigadas por la pandemia. Balears, a la vista está, no se escapa de la crisis.