Baleares es la tercera comunidad autónoma, sólo por detrás de Madrid y Cataluña, en el número de alertas en operaciones inmobiliarias y comerciales sospechosas de blanqueo de capitales. El dato es una prueba de la enorme cantidad de inversiones extranjeras que se acumulan en las Islas, circunstancia que ha hecho que Hacienda ponga especial interés en el control de todas ellas. Es lógico, además de justo. Perseguir a los evasores fiscales debe ser una estrategia transversal, en la que la vigilancia afecta tanto a grandes y pequeños contribuyentes, nacionales y extranjeros en la misma medida; la mejor forma de no perder la credibilidad es actuar con ecuanimidad.
Más dificultades
Hacienda ha logrado imponer una nueva cultura fiscal en el país, cada vez es menos frecuente la oferta de fórmulas que eviten el control del fisco. En los últimos años se están aplicando normas que dificultan los pagos que evitan la correspondiente tributación fiscal en todo tipo de operaciones, con independencia de su importe. La Agencia Tributaria ha evidenciado su capacidad de control y supervisión de todo tipo de operaciones, las sanciones impuestas han tenido, y tienen, un efecto disuasorio indiscutible. Sin embargo, las dudas sobre la vigilancia con respecto a la entrada de capital extranjero existían, aunque fueran a título de mero rumor.
No somos un paraíso fiscal
Uno de los grandes retos pendientes de la Unión Europea es, precisamente, la armonización fiscal de todos sus miembros. Las diferencias en la fiscalidad de los distintos países supone un serio agravio y la eliminación de la igualdad de oportunidades a la hora de captar las inversiones; a pesar de ello Baleares sigue atrayendo capital inversor, la mayoría con destino al sector inmobiliario. Lo importante es que también cumpla con todas las exigencias de transparencia. Por respeto a los contribuyentes.