Empieza el 2023, un año marcado por dos convocatorias electorales que polarizan, tensan y condicionan toda la actividad política: las municipales y autonómicas que se celebrarán el 28 de mayo, con el inicio de un nuevo mandato en los ayuntamientos y la mayoría de las comunidades; y las elecciones generales, cuya fecha se sitúa en torno al 10 de diciembre.
Entramos en la recta final de la legislatura regional porque, en Baleares, el Parlament que salió de las urnas en mayo de 2019 quedará disuelto a finales de marzo, cuando la presidenta Francina Armengol firme la convocatoria de los comicios para la elección de los 59 nuevos diputados –33 en Mallorca, trece en Menorca, doce en Ibiza y uno en Formentera– en cuyos manos estará la investidura de la próxima inquilina del Consolat de Mar. Con unas encuestas que recogen un empate técnico entre el bloque de la izquierda y el de la derecha, la presidenta iniciará un tercer mandato o bien será relevada por la nueva presidenta del PP balear, Marga Prohens.
Pandemia e invasión de Ucrania.
La pandemia primero –que ahora presenta un preocupante repunte en China– y la invasión rusa de Ucrania después han marcado este mandato. Son acontecimientos extraordinarios con gran impacto sobre la sociedad y la economía, con repercusiones que aún perduran como una elevada inflación y el encarecimiento de la energía y la cesta de la compra. El escenario perjudica a familias con escasos recursos y personas en situación de vulnerabilidad.
Pactos para formar gobiernos.
Más allá de las tensiones y los reproches entre Gobierno y oposición, así como los desacuerdos entre el PSOE y Unidas Podemos –socios del Gobierno de Pedro Sánchez y, al mismo tiempo, adversarios políticos–, los ciudadanos demandan soluciones. Acabó el tiempo de las mayorías absolutas. La formación de los próximos gobiernos implicará pactos que deben garantizar coherencia, rigor y eficacia en la gestión pública.