En un escenario marcado por la inflación, el Índice de Precios de Consumo (IPC) aumenta en abril ocho décimas su tasa interanual y pasa del 3,3 por cien al 4,1, con el mayor incremento desde mayo del 2022. Al mismo tiempo, la inflación subyacente –que no incluye la energía y los alimentos frescos– se modera con una caída de nueve décimas y se sitúa en el 6,6 por cien. Pero no hay que bajar la guardia porque se avecina una nueva crisis de oferta, provocada por la sequía. La falta de precipitaciones reduce las cosechas, con una gran incidencia en los cultivos de secano, los cereales –cebada, trigo y centeno– y los pastos para el ganado, así como legumbres y hortalizas. También disminuye la producción de frutas, aceite, arroz y vino, que escalarán posiciones en los precios de venta al público.
Disminuyen las cosechas.
El sindicato Unión de Pequeños Agricultores (UPA), que en Baleares actúa a través de la Asociación Intersectorial Agraria (AIA), denuncia que las cosechas de este año disminuyen por la sequía hidráulica, con unos embalses al 51 por cien de su capacidad y un 16 por cien por debajo de la media de los últimos diez años; y por la sequía hidrológica, al haber llovido un 22,5 por cien menos durante el último año. En Menorca, Unió de Pagesos advierte que entre un 40 y un 60 por cien de la producción de pasto y cereales de este año ya está perdida.
Baja un 6% la renta agraria.
El cambio climático, la inflación y la invasión de Ucrania provocan una escasez de alimentos y que sean cada vez más caros. La COAG denuncia que en 2022, «los precios subieron para los consumidores y en el sector agrario la renta bajó seis puntos. Hay que mirar quienes sacaron beneficio, que fueron otros operadores de la cadena alimentaria». La Ley de la Cadena Alimentaria, que en teoría impide vender por debajo del precio de coste, no se aplica y los grandes perjudicados son los payeses y los consumidores.