Este pasado sábado -coincidiendo con el proceso de transición del Govern encabezado por Francina Armengol al que presidirá Marga Prohens- la Comunitat Autònoma asumió las competencias de Costas y Litoral, que incluyen las concesiones y la vigilancia de la zona de dominio público marítimo-terrestre. En noviembre pasado, la presidenta Armengol y la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, firmaron el acuerdo para transferir a Balears estas materias con el objetivo de atender una reclamación histórica de Balears, una región insular que carecía de capacidad de gestión y decisión en el litoral, clave para el diseño de la ordenación territorial. Ya se habrán cumplido cuarenta años de la aprobación del Estatut d'Autonomia, que prevé esta competencia, pero no había sido traspasada. El acuerdo, que incluye la sede de la Demarcación de Costas en Palma y seis vehículos, prevé dotar a la Comunidad Autónoma con 1,3 millones de euros y una veintena de empleados públicos, lo que supone una ratio de 1,35 trabajadores por cada cien kilómetros de costa.
Sólo se transfiere una parte al Govern
Pero, como advierte El PI, nos hallamos ante una transferencia incompleta, porque el Govern gestionará las concesiones, impondrá sanciones y tramitará las autorizaciones, pero el Gobierno central se reserva el derecho para cobrar el canon por la ocupación de instalaciones en la zona litoral de Balears. Como denuncia esta formación política, «las Balears tendrán que hacer el trabajo y el Estado se llevará el dinero».
Un acuerdo que debe ser revisado
El estado, además del cobro de este canon, también mantiene la decisión final de las concesiones así como la planificación de los proyectos y las obras de interés general. Este acuerdo para el traspaso de las competencias de Costas y Litoral a Balears debe ser revisado al incumplir el Estatut d'Autonomia. Una cuestión de calado que deberá abordar sin demora el nuevo Govern que constituya Marga Prohens.
El traspaso de competencias del dominio público marítimo-terrestre del estado al Govern Balear es como los anteriores a Cataluña, Andalucía y Canarias, el que quiera puede comparar los textos de los reales decretos. Ciertamente es mejorable, pueden estas comunidades autónomas juntarse y reclamar al estado mejores condiciones económicas, como seguramente el estado dirá que no, entonces acudir juntas al tribunal constitucional. Ya consiguieron la gestión de la servidumbre de protección de costas por vía tribunal constitucional. La diferencia con otras comunidades autónomas es que en el traspaso anterior a Canarias, que desde que salió el decreto en el boe hasta que entraba en vigor han tenido tres meses y medio, el día que salió en el boe Canarias ya empezó a trabajar y prepararse, si el estado ponía 20 puestos entre activos y vacantes, ellos ponían 20 más. En Balears desde que salió el decreto en el boe hasta la entrada en vigor han tenido siete meses más tiempo que las anteriores comunidades autónomas, sin contar que desde el 2007 ya aparece en el Estatut de Autonomía votado por la mayoría de partidos. Aquí no empezaron a organizarse ni a prepararse. Solo en campaña electoral a dos meses antes de la entrada en vigor pudimos oír primero a las dos líderes principales decir que lo iban a traspasar enseguida a los Consells y Ayuntamientos lo que sería una locura cada municipio con un criterio diferente, como si quisieran quitarse de encima unas competencias que parece que les "queman" y no les falta razón porque tendrán que decir que no a muchas pretensiones privadas y de otras administraciones lease Consells y Ajuntaments. En la campaña electoral al final parece que alguien sensato les dijo a las principales líderes que lo de pasarlo a los ajuntaments era una locura y rectificaron. Unos salieron a decir que se organizaban y sacaban nuevas plazas para asumir las competencias, pero mal y tarde, solo convocaban doce plazas para sumarse a las dieciocho que ponía el estado entre activas y vacantes, plazas-puestos que parecen todos de oficina no de inspectores en la costa, cuando estas pocas doce plazas-puestos estén funcionando habrán pasado meses o años. Otros diciendo que crearían la Consellería del Mar para juntar todas las competencias que tienen que ver con el mar o la costa, no está mal la idea pero deberían haberlo tenido preparado para implementarlo al minuto uno. La principal responsabilidad de no estar preparados es de los que salen del Govern porque ellos firmaron el traspaso y seguramente eligieron la fecha de entrada en vigor por motivos electorales para que el tener que decir que no a muchos no tuviera repercusión en las urnas, el uno de julio en plena temporada y ocupación y actividad en las playas. Los que entran no tienen tanta responsabilidad pero también podrían haberlo previsto e instar a los que estaban a empezar a prepararse. También los altos funcionarios del Govern viendo la responsabilidad y carga de trabajo que les venía podrían haber advertido a los principales partidos ya que uno de los dos iba a gobernar. Ahora señores del Govern, políticos y altos funcionarios, a arremangarse y "mojarse", no se pueden poner a quejarse y a llorar, ponganse manos a la obra y si no tienen suficiente personal lo trasladen urgentemente de otros departamentos del Govern. Porque si no lo hacen así las playas de Ibiza y Formentera serán una anarquía y un caos este verano y los siguientes. En Malorca no tendrán este problema porque la mayoría del personal que pasa del estado a la comunidad autónoma es de Mallorca.