El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido recurrir a los servicios de la Abogacía del Estado y presentar una querella contra el juez que instruye la causa contra su esposa, Begoña Gómez. Dicha querella fue anunciada después de que el propio Sánchez se negase a declarar ante el juez Peinado para aclarar todas las sospechas que existen sobre el tráfico de influencias que ejerció su esposa desde La Moncloa.
Medios públicos
Pedro Sánchez ha cruzado todas las líneas rojas posibles, pero cuesta entender que el presidente del Gobierno utilice incluso los medios públicos de la Abogacía del Estado en beneficio personal. La investigación a Begoña Gómez es un asunto estrictamente privado, como lo fue en su momento la causa contra Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, que tuvieron que contratar a sus propios abogados para defenderse durante el juicio por el ‘caso Noos'. Sin embargo, Sánchez, sin ningún tipo de pudor, considera que se trata de un asunto político y por ello recurre a juristas pagados con el dinero de los ciudadanos para atacar al juez Peinado. Sigue sorprendiendo además que Sánchez insista en que todo este asunto de su esposa se trata de un bulo de la extrema derecha y, sin embargo, no haya dado ni la más mínima explicación sobre su participación en los temas que se están investigando.
Situación límite
La política nacional está viviendo un deterioro nunca visto desde que se restauró la democracia. Es totalmente anómalo que un ministro de la Justicia ataque a un juez por investigar a la esposa de Sánchez, y que otros miembros del Gobierno se sumen a este acoso y derribo contra el magistrado filtrando incluso información personal. El respeto a la Justicia es algo imprescindible en la democracia, al igual que la separación de poderes. Y hace tiempo que Sánchez y sus ministros han roto esta norma tan elemental y están provocando una situación límite nunca vista en España, al menos por parte de un presidente del Gobierno. Sánchez tenía una gran oportunidad para explicar al juez Peinado si estaba al corriente de los negocios de su esposa, pero en lugar de hacerlo ha optado por seguir deteriorando la imagen de la Justicia de forma irresponsable y partidista. Si todo es mentira y no tiene nada que esconder, ¿a qué espera el presidente para dar explicaciones?