El Consell de Alcaldes celebrado este viernes acordó que se puedan sancionar los alquileres turísticos ilegales a través de los municipios. En la actualidad esta materia estaba coordinada exclusivamente por el Consell d’Eivissa, pero Sant Josep, Sant Joan y Sant Antoni han acordado sumarse a una iniciativa que ya habían puesto en marcha Vila y Santa Eulària. Es decir, a partir de ahora se establecerán dos vías para sancionar a los pisos turísticos, la urbanística y la turística.
Mismas herramientas.
El Consell de Alcaldes presidido por Vicent Marí ha impulsado que todos los ayuntamientos dispongan de las mismas herramientas legales para colaborar en la persecución de los pisos turísticos ilegales. En la actualidad, Vila y Santa Eulària suman casi 40 expedientes abiertos contra propietarios que alquilan pisos a turistas sin disponer de licencia para ello, lo que significa que estas herramientas ilegales funcionan y son un buen instrumento para acabar con una actividad que ha distorsionado el mercado inmobiliario en Ibiza.
Gran esfuerzo.
No hay duda de que la decisión del Consell de Alcaldes de unificar las normativas municipales para perseguir los pisos turísticos en Ibiza supone un nuevo esfuerzo para poner fin, o al menos limitar lo máximo posible, esta actividad irregular. Desde el Consell d’Eivissa se está realizando un excelente trabajo para acabar con los pisos turísticos después de muchos años en que, pese a identificar el problema, no se actuó de forma rigurosa contra esta actividad. Solo el anuncio de que los ayuntamientos vayan a tomar medidas legales contra los pisos turísticos servirá para que propietarios de inmuebles pongan fin al alquiler irregular de sus viviendas. El siguiente paso deseable sería conseguir que el mercado inmobiliario se estabilice, que haya oferta de alquiler, y que los precios se desinflen. El objetivo no es nada fácil, pero Ibiza se ha convertido en un modelo para el resto de islas en la lucha contra los pisos turísticos. Existe voluntad para acabar con esta actividad y hay que felicitarse que desde el Consell d’Eivissa sea una prioridad poner fin al desmadre que supone esta oferta irregular para la isla.