El Govern ha pagado entre 1,6 y 2,4 millones de euros a perceptores de renta social garantizada (RESOGA) que no cumplían los requisitos para recibir esta prestación, dirigida a cubrir situaciones de vulnerabilidad social. La Conselleria de Famílies i Benestar Social ya tramita el reintegro en centenares de casos y ha extinguido la prestación en más de 2.000 expedientes. Las sospechas del actual Ejecutivo autonómico sobre las irregularidades en estas ayudas –beneficiarios que cobraban la renta social mientras trabajaban o percibían otros ingresos incompatibles– ha desembocado en una auditoría interna, que fue encargada en noviembre de 2023, cuatro meses después de la toma de posesión del Govern Prohens, cuyos resultados son contundentes. El informe reprocha a la Conselleria que no se haya aplicado el régimen sancionador, con multas para los infractores, y cuestiona que no se les haya exigido la devolución de cantidades cobradas cuando los ingresos anuales de la unidad de convivencia no superan el 150 por cien de la prestación.
«Un sistema sin control»
La consellera Sandra Fernández culpa al anterior Govern del Pacte de la «caótica, nada ordenada y sin supervisión» gestión de esta renta social en Balears, con un sistema «sin control, planificación y coordinación. El Pacte miró hacia otro lado», subraya Fernández.
Plan anual de revisión
El Govern no puede conceder las prestaciones de cualquier forma, con falta de control sobre la residencia efectiva. Hay beneficiarios fuera de Balears que siguen cobrando esta prestación. Ahora el Govern hace comprobaciones periódicas del padrón y estudia un mecanismo de control de presencialidad, así como un sistema informático conectado con la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, el INE y otras fuentes. A partir del 1 de enero se aplicará el primer plan anual de revisión para acabar con estas reiteradas irregularidades.