El Partido Popular ha planteado impedir por ley la docencia a condenados por acoso a menores, en clara referencia al caso de Miquel Roldán, el profesor del instituto de Son Sardina, en Mallorca, condenado cuyo regreso a las aulas provocó la indignación de padres de alumnos no sólo de la mayor de las Baleares sino también del resto de islas. El trámite promovería un cambio en una norma estatal y obligaría a modificar la Ley Orgánica de Protección de la Infancia, por lo que tendría que pasar necesariamente por el Congreso de los Diputados. Lo cierto es que el caso de Roldán ha marcado un antes y un después. En octubre pasado, la Audiencia de Palma confirmó la condena de un año de prisión contra el profesor mallorquín, que fue declarado culpable de un delito de acoso contra un exalumno. Sin embargo, la sentencia no le imponía ninguna pena de inhabilitación que le prohíba ejercer la docencia. El acoso de Roldán a un alumno menor comenzó cuando ambos eran amigos y el chico estaba en el instituto de Marratxí. La víctima llegó a pedir ayuda a sus amigos y familiares porque había bloqueado en las redes al maestro, pero éste continuaba intentando ponerse en contacto con él y le acosaba. La Policía Local de aquel municipio vigiló el centro para detectar su presencia.
Siguió ejerciendo
En diciembre de 2001 un juzgado de Palma prohibió a Roldán acercarse o comunicarse con el menor. Después, fue juzgado y condenado por acoso, pero no lo inhabilitaron, así que siguió ejerciendo. Tras su traslado al instituto de Son Sardina, los padres se movilizaron para exigir su despido y Roldán cogió una baja.
Funcionarios condenados
Llama la atención lo difícil que puede llegar a ser expulsar a ciertos funcionarios pese a los delitos e irregularidades que hayan cometido. Algunos de ellos fueron condenados por corrupción, pero años después han recuperado sus plazas en la Administración. El caso de un acoso probado a un menor es más grave y deberían activarse todos los mecanismos para apartarlo de la docencia.