El Gobierno ha decidido esta semana, a escasos 28 días de acabar el 2025, retrasar un año la entrada en vigor del nuevo sistema de verificación de facturas Verifactu, por el que cada factura genera un registro accesible para la Agencia Tributaria que no puede ser modificado ni borrado. Debía ponerse en marcha el próximo 1 de enero pero se aplaza a enero de 2027 para quienes tributan en el impuesto de sociedades y el 1 de julio de aquel año para el resto. Desde hace meses, empresas y autonómos se vienen preparando para aplicar este procedimiento de facturación electrónica, con sesiones informativas organizadas por las asociaciones profesionales para explicar cómo debe gestionarse. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirma que este retraso pretende «facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas y profesionales». El Ministerio de Hacienda añadió después, en un comunicado, que el aplazamiento da mayor margen para adecuar los sistemas informáticos.
Diferentes reacciones
La decisión del Gobierno, dada a conocer a poco menos de un mes antes de la vigencia del nuevo sistema, ha motivado diferentes reacciones. Cepyme aplaude el aplazamiento porque «las pequeñas empresas necesitaban un mayor margen para adaptarse», y la Asociación de Trabajadores Autónomos recibe «con alivio» la noticia «al generar Verifactu mucha incertidumbre y mucho malestar entre los autónomos». En cambio, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos tacha el retraso de «despropósito».
Estrechar la vigilancia
Verifactu es un software de la Agencia Tributaria ideado para digitalizar la facturación y facilitar el proceso para pymes y autónomos. Y también para que Hacienda estreche su vigilancia sobre estas facturas. De hecho, existen pocos organismos públicos en este país que funcionen con la precisión de la Agencia Tributaria, que no concede el mínimo margen para el error.