Casi una de cada cinco personas de Baleares –en conjunto, 233.000, lo que supone el 19% de la población– se ve afectada por situaciones de exclusión social. Es una de las conclusiones del IX Informe Foessa sobre la Exclusión y Desarrollo Social en las Islas, que han dado a conocer los responsables de Cáritas diocesana en cada Isla del Archipiélago. El 81% de la población de Balears está socialmente integrada, pero un 38,9 por cien sufre procesos de precariedad. De las personas que se encuentran en situación de exclusión social, un 11,3 por cien la padece de manera moderada y un 7,7 por cien está en una posición de vulnerabilidad. Las causas más frecuentes de exclusión tienen relación con la vivienda (29 por cien) y la participación política (28 por cien).
Dificultades para acceder a la vivienda.
El informe revela que Balears muestra una realidad mucho más negativa que la estatal cuando el 29 por cien de los residentes no puede acceder a una vivienda digna y a precio asequible. Desde 2018, el precio de la vivienda ha subido un 41% y el alquiler medio se sitúa en casi 1.600 euros mensuales; con un aumento del 31 por cien respecto a 2019. Otro dato preocupante consiste en que tener un trabajo no garantiza unos ingresos adecuados para subsistir ante el aumento del IPC de las Islas, por encima de la media estatal.
Falla el sistema de protección.
Advierten los gestores de Cáritas –el brazo social de la Iglesia– en las diócesis baleares que falla el sistema de protección. Denuncian que la renta social garantizada (Resoga) solo cubre al 1 por cien de la población y que el ingreso mínimo vital solo llega al 35 por cien de las personas en pobreza severa de Balears. Llama la atención que dos de cada tres hogares de las Islas renuncien a este ingreso mínimo pese a tener derecho, por la complejidad de la tramitación y la falta de coordinación entre el Estado y las rentas mínimas autonómicas.