Médicos de todo el país inician este lunes una nueva semana de huelga contra el nuevo Estatuto Marco que impulsa la ministra de Sanidad, Mónica García, y por extensión el Gobierno. «La falta de voluntad política del Ministerio de Sanidad y del Gobierno para sentarse a negociar y dar una respuesta real al colectivo nos obliga a mantener las movilizaciones acordadas por el Comité de Huelga», sostienen desde el Sindicato Médico de Baleares. Las protestas en las Islas se sucederán toda la semana: este lunes y el jueves en Can Misses, también el jueves en Palma y el sábado 21 en Menorca. Por el momento, la huelga tendrá lugar la tercera semana de cada mes hasta el próximo mes de junio.
Las reclamaciones
Los médicos principalmente reclaman un estatuto marco propio para el colectivo y una interlocución directa con el Ministerio para hablar de los asuntos que les atañen, algo que el Ministerio de Sanidad rechaza completamente al considerar que podría implicar una ruptura dentro del sistema nacional de salud. Los médicos plantean, además, una clasificación profesional única, que reconozca la singularidad de la cualificación, las funciones y responsabilidad de los médicos con dos grupos específicos modificando así el Estatuto Básico del Empleado Público para crear una categoría A1+. También reclaman una regulación diferenciada para las guardias y las guardias localizadas y que éstas sean voluntarias, algo que no comparte el Gobierno. «No estamos pidiendo más dinero sino mejores horarios y más médicos, lo que redunda en una mejora de la calidad asistencial», ha expresado David Fernández, portavoz del Sindicato Médico en las Pitiusas.
Lejos del consenso
El Ministerio de Sanidad, con la ministra Mónica García al frente que proviene del ámbito sanitario, se mantiene firme en su propuesta de estatuto marco y muy lejos de conseguir el consenso y el diálogo que esta huelga nacional requiere. No hay que menospreciar el impacto de una protesta así, pues sólo en Baleares el seguimiento de la primera semana de huelga en febrero fue del 90% en hospitales y del 70% en Atención Primaria, con más de 20.000 actuaciones suspendidas.