La jueza de instrucción número 3 de Ibiza ha ordenado la apertura de juicio oral contra la exconsellera de Bienestar Social Lydia Jurado por un presunto delito de prevaricación en la firma en 2018 de dos contratos con la asociación Amadiba, que reclama 2,2 millones de euros por los servicios prestados. La jueza considera en el auto que no han quedado acreditadas las circunstancias excepcionales que la exconsellera de Guanyem expresó como de «extrema gravedad, urgencia y necesidad», que permitirían justificar un procedimiento al margen de la norma.
Nefasta gestión
La legislatura de PSOE-Guanyem en el Consell d’Eivissa (2015-2019) con el socialista Vicent Torres a la cabeza se caracterizó por el caos absoluto y la nefasta gestión en áreas tan sensibles como Bienestar Social. Y es que no únicamente el ‘pufo’ de Amadiba corresponde a aquella época sino que también hubo notables retrasos en la asignación de subvenciones y convenios que asfixiaron económicamente a las demás asociaciones hasta el punto de que tuvieron que despedir empleados. Otro ejemplo de la chapuza de gestión de aquella época fue que Lydia Jurado entregó el expediente de una subvención de Cáritas el 30 de diciembre de 2016 (siendo el día 31 sábado), media hora antes de que cerrar el registro lo que lógicamente propició que esa subvención de 103.000 euros no se pudiera abonar a la entidad social. Pese a la crisis derivada de su pésima gestión, el presidente socialista Vicent Torres en ningún momento por aquel entonces cuestionó la gestión de Jurado ni le retiró la conselleria como sí hizo con David Ribas al quitarle Deportes. Con todo ello, la exconsellera de Bienestar Social aún sacaba pecho y llegó a calificar de «proeza» su gestión al frente del departamento, lo que enervó a las asociaciones ya que estaban al límite.
Más responsabilidades
Con el cambio de gobierno en 2019 tras el triunfo de Vicent Marí en el Consell d’Eivissa, el nuevo equipo de gobierno del PP se encontró con la ‘patata caliente’ de Amadiba, una asociación que le reclamaba 2,2 millones de euros por unos servicios prestados de los cuales no había ni un solo papel ni contrato firmado. Por ello, encargaron un informe para auditar todo lo que había pasado y ese documento fue determinante para llevar el caso a Fiscalía, que ha estado investigando durante todos estos años. Ahora, Lydia Jurado deberá ir a juicio por un presunto delito de prevaricación y queda por ver el grado de responsabilidad de otras figuras clave en todo este asunto, como el expresidente socialista Vicent Torres como máximo dirigente de la institución por aquel entonces o bien Viviana de Sans como vicepresidenta primera y consellera de Transparencia.