El anuncio del conseller d'Interior del Govern balear, Josep Maria Costa, sobre la creación de la policía autonómica antes de cuatro años nos lleva a cuestionarnos la necesidad de que se apruebe este proyecto como una de las prioridades del Ejecutivo. Es evidente que siempre resulta positivo para los ciudadanos que se alcancen mayores cotas de autogobierno, por cuanto esto repercute en una mayor proximidad de la Administración tanto a la sociedad balear como a los problemas que ésta tiene y, en este sentido, la medida resultaría positiva.
Ahora bien, cabe plantearse sobre la efectividad que tendría la creación de esta nueva policía. A nadie escapa que ya se han dado casos de descoordinación entre policías locales, Policía Nacional y Guardia Civil, lo que nos lleva a pensar que este problema podría verse agravado con la presencia de un cuarto cuerpo policial, ya que no se trata de la sustitución gradual de los existentes, tal y como sucede en el caso de la Ertzantza. Por ello, se plantea también el asunto de la delimitación de sus funciones. Además, se habla de la posibilidad de que la policía autonómica integre algunos policías locales, cuando éstos apenas pueden cumplir con sus propias tareas y son muchos los municipios que tienen carencias y recurren a los pueblos vecinos en momentos puntuales para dar cobertura a sus necesidades tanto de regulación de tráfico como en materia de seguridad.
Antes que plantearse la creación de la policía autonómica habría que pensar en dotar de mayores medios materiales y humanos a las policías locales y, naturalmente, exigir al Estado que obre de igual modo con la Policía Nacional y la Guardia Civil para tratar de mejorar sensiblemente la seguridad en nuestra comunidad. El Govern tiene muchos otros problemas que resolver que son, con creces, más prioritarios.