Concebido en Roma en Julio de 1998, tras complejas reuniones diplomáticas, el Tribunal Penal Internacional (TPI) es hoy una especie de criatura no nata cuyo difícil parto pone de relieve las contradicciones, hipocresías y bastardos intereses que lamentablemente presiden el panorama internacional. Para hacernos una idea de la cuestión cabe decir que de los 120 Estados que lo aprobaron -y hay que recordar que en la ONU son 187 los que están representados- tan sólo 95 han firmado su estatuto, pero únicamente 7 lo han ratificado como requisito imprescindible para su pleno funcionamiento. Es evidente que no hay prisa, lo que permite el que se den casos tan chuscos, por llamarlos de algún modo, como el de Pinochet, o el de Guatemala. El estatuto del TPI le concedería jurisdicción sobre crímenes similares a los que juzgó el tribunal militar de Nuremberg al término de la Segunda Guerra Mundial; es decir, crímenes contra la Humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Estando obligados los Estados a someterse automática e incondicionalmente a su jurisdicción y aceptando la actuación del tribunal si el Estado responsable no quisiera, o no pudiera, perseguir el delito cometido. Más claro, agua. Lo que ocurre es que falta interés para ver en acción a un tribunal con semejantes facultades, de ahí lo farragoso de su conformación. Capítulo aparte merecen las objeciones formuladas por los Estados Unidos, y al respecto no se puede dejar de mencionar lo dicho por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de aquel país, quien muy inquieto se interrogó acerca de lo que hubiera ocurrido en caso de haber actuado semejante tribunal cuando la invasión norteamericana de Panamá, de Granada, o el bombardeo de Trípoli. Un mayor cinismo resulta prácticamente imposible. Amén de la hostilidad americana, el TPI se resiente de la ya igualmente expresada de Rusia y China. Los grandes del mundo no quieren límites legales a sus actuaciones. Y en tales circunstancias, casi lo mejor sería olvidarse del asunto y pensar en alguna solución mejor, en caso de haberla. Pero más ridículos y más pérdidas de tiempo, sinceramente nos parecen contraproducentes.
Editorial
¿Jurisdicción universal?