Con la llegada de las vacaciones de Semana Santa llegan también los problemas a los aeropuertos. Pudiera parecer que se trata de que nuestras insfraestructuras no están a la altura de las circunstacias, pero no, más bien son las compañías aéreas las que toman a sus clientes por ciudadanos de tercera. Y lo más grave de todo es que según la normativa vigente en la Unión Europea la abusiva y constante práctica del «overbooking» es completamente legal en vuelos regulares. O sea, que las autoridades admiten como razonable el hecho de que una compañía aérea venda billetes a más personas de las que caben en un avión.
En este asunto, que empezamos a sufrir ya el pasado fin de semana como anticipo a las vacaciones de Pascua, prevalece siempre el interés económico de las grandes empresas de transporte aéreo sobre los derechos de los ciudadanos de a pie que, por supuesto, pagan puntualmente el precio de su pasaje. No olvidemos que cuando compramos un billete de avión estamos adquiriendo un compromiso que obliga a las dos partes y, ante el descarado incumplimiento de una de ellas, los mostradores de facturación y de información de los aeropuertos se convierten, lógicamente, por momentos en escenario de trifulcas, enfrentamientos verbales y demás situaciones de tensión.
La Unión Europea contempla la posibilidad de que el pasajero afectado pueda reclamar la devolución del dinero que pagó por el billete y exigir una pequeña indemnización que muchos usuarios no reclaman por desconocimiento de sus derechos. Cabe esperar que la Unión Europea avance en la defensa de los pasajeros de líneas aéreas y regule esta situación que perjudica especialmente a los ciudadanos de las Islas, para los que el avión y el barco son las únicas opciones para salir fuera.