El asunto de la energía eléctrica en Balears trae cola desde hace tiempo. Ahora vuelve a salir a la palestra con una noticia cuando menos inquietante: el presidente de GESA, Bartomeu Reus, anuncia que pueden registrarse subidas de precios de hasta un 40% en los próximos años. Y lo hace después de reunirse con el president Francesc Antich, a quien ha explicado la situación por la que atraviesa la Comunitat desde el punto de vista energético.
Todavía está en la mente de todos el penoso espectáculo de los últimos apagones registrados en Mallorca y Menorca, en los que GESA asumió su responsabilidad, pero no hay que olvidar que también hay una responsabilidad política. La solución al futuro energético la han ido retrasando los sucesivos gobiernos de Balears. Conociendo de primerísima mano la situación, es comprensible que GESA recuerde al Ejecutivo que el tiempo se está acabando y que se deben adoptar soluciones realistas y de futuro.
Muchos son los frentes que tiene abiertos el Govern, pero el de la energía es uno de los más importantes. Se deben tomar decisiones con urgencia y evitar que la reordenación del sector eléctrico, tanto por lo que respecta a la concentración de empresas y al nuevo marco jurídico de las eléctricas, perjudique a Balears, en lo concerniente a las inversiones, y a los consumidores, a los que, hasta ahora, se les ha vetado la posibilidad de contratar a otra compañía.
El desorbitado aumento de las tarifas, al que se ha referido Reus, obliga, asimismo, a promover que desde el Gobierno central se desarrolle, como reclama el presidente Antich, una normativa que impida que el hecho de la insularidad repercuta de modo negativo en el coste de la energía.
Energía, carreteras, desaladoras... son, al fin y al cabo, expresiones distintas de una problemática consustancial con la insularidad y con la falta de recursos políticos y económicos para resolverla.