A Balears, nuevamente, le toca el papel de Cenicienta en el reparto de dineros desde el Estado. Y eso que, por una vez y a consecuencia de esa política de consenso con los socialistas que lleva a cabo el Gobierno de José María Aznar, en esta ocasión las comunidades gobernadas por el PSOE se han repartido la parte sustancial del pastel. Pero aquí, ni con esas. Ya lo reconocía ayer el conseller de Hisenda, Joan Mesquida, que aceptan el trato por no quedarse fuera y, aunque no lo dijo, seguramente por acatar las decisiones de la cúpula del partido en Madrid.
Se repartirán 8'5 billones de pesetas entre quince comunidades, y Balears, cómo no, se sitúa en el último lugar de la fila, con 192.831 pesetas por habitante. A la cabeza, Castilla-León, con 258.500. Nuestros políticos aseguran que hay que seguir luchando para conseguir mejoras para la financiación autonómica, pero lo cierto es que la negociación en un asunto de este calibre debió haberse llevado entre el Gobierno y las autonomías, dejando en segundo plano a los partidos que los sustentan, pues de otra forma cada cuatro años podrían cambiar las tornas. Aun así, hay que felicitarse por el consenso.
Pese a todo, el Govern contará "cuando entre en vigor la ley, previsiblemente en 2002" con nuevos recursos, como el 33% del IRPF, el 35% del IVA, el 40% de los impuestos especiales y el total de los impuestos sobre electricidad y matriculaciones de vehículos. Una fuente de financiación que variará según sea mejor o peor la marcha de la economía, pero que sin duda vendrá a mejorar las perspectivas de autogobierno de nuestras Islas. Ahora habrá que pedir sentido de la responsabilidad y de la realidad a nuestros dirigentes políticos para que los beneficios de estos nuevos recursos vayan a parar allá donde más se necesitan.