La orden de cierre de los dos desguaces de Eivissa saca de nuevo a la luz la precaria situación de las Pitiüses en lo que se refiere a tratamiento de residuos. La Conselleria de Medi Ambient ha actuado con contundencia, pero ha abierto una brecha que puede hacer mucho más daño del que evita: a partir de ahora, chatarra y papel, entre otros muchos materiales, no tienen un destino fijo y previsiblemente serán abandonados por sus propietarios de forma incontrolada.
Es cierto que ambas empresas no han sido capaces de adaptarse a las distintas normativas que regulan su funcionamiento a pesar de que han tenido tiempo de sobra para ello, pero también es cierto que no existe, hoy por hoy, ninguna forma de cubrir esta demanda, algo que imperdonablemente han obviado los firmantes de la orden de cierre. Desgraciadamente, demasiado a menudo nos vemos en esta tesitura. Es como si las administraciones se olvidaran de que Eivissa no es un lugar normal de la península, o de Mallorca, en el que un problema como el provocado por el cierre de plantas se subsana de forma natural porque, como alternativa, se puede alcanzar por carretera alguna otra.
Aquí se han cerrado las dos únicas empresas capaces de procesar y enviar a las plantas de tratamiento adecuadas de la península todo el material susceptible de ello; y ahí acaba la historia. No hay alternativas. Con la orden no se ofrece ninguna solución; tan sólo, el comentario añadido de que es la única forma de forzar que ambas se sometan a las directrices en vigor y pongan fin a una situación a todas luces ecológicamente insostenible. De todas formas, aunque la Conselleria tiene razón en sus pretensiones de normalizar la situación, también tiene la obligación de mantener al menos un punto de recogida de desechos. Además de rigurosos, los políticos tienen que ser constructivos.