La posibilidad de que el Gobierno central acceda a impulsar la declaración de el interés público para los vuelos con las Islas alivia sólo ligerísimamente el mal trago de ver cómo disminuyen los enlaces con Eivissa hasta un límite increíble. El hecho de que esta figura, destinada a garantizar un mínimo servicio en un derecho vital para una sociedad insular, tenga inconvenientes debe abrir un amplio debate destinado a clarificar , sin posibilidad de remisión, una demanda única, fundamentada sobre si nos conviene o no ante las instituciones que tienen esa potestad.
No es tan fácil como en un principio se pueda pensar; de hecho, sería inconsciente suponer que el interés público será la panacea que colme nuestras legítimas aspiraciones a una vida cómoda, pero tenemos que tener en cuenta que es una opción que debe ser sopesada por todos y cada uno de los sectores que tienen algo que decir: instituciones, consumidores y patronales. Hasta ahora se ha reclamado al Gobierno central una implicación más directa sobre los problemas del transporte con las islas. No es únicamente un discurso partidista, es un síntoma evidente de que algo pasa.
El ciudadano, guste a las instituciones o no, comienza a notar un distanciamiento creciente entre Balears y Madrid, en el que la diferencia ideológica se impone a la lógica del bien común y es en asunto como el transporte cuando más se necesita una colaboración desinteresada de ambos para acabar con trabas que impiden progresar nuestra calidad de vida, una aspiración tan legítima como hoy por hoy difícil. Tenemos ya poco tiempo, pero es necesario un esfuerzo de concentración y posicionamiento que deje bien claro que las Pitiüses no sólo tienen unas necesidades sino que saben qué es necesario para satisfacerlas. Si no nos espabilamos, poco vamos a conseguir, visto como está el tema.