El llamado «caso Formentera» parece estar llegando a su fin, al menos de momento, con la decisión del Tribunal Supremo de devolver la causa a Balears, al no encontrar pruebas para imputar a los dos aforados, el ministro Jaume Matas y la diputada Rosa Estaràs.
El TSJB puede actuar contra otros imputados, pero tras el respaldo de los magistrados del Alto Tribunal al juez instructor de Palma, Antonio Monserrat, todo hace prever que éste, tras abrir un nuevo plazo para alegaciones, archivará de nuevo el caso. Obviamente, cabrá nuevo recurso. Sin embargo, a esas alturas el asunto estará ya en vía muerta.
Es cierto que la exculpación que hace el Supremo de Matas y Estaràs es condicionada. Si surgieran nuevos indicios contra ambos debería volver el caso a Madrid. Pero parece difícil que lo que no haya aparecido hasta ahora pueda surgir en los próximos meses.
Ya desde el principio se tuvo claro que el presunto delito electoral sería prácticamente imposible de probar. El Supremo se ha encargado de desmontar todos los indicios señalados por la acusación particular y por la Fiscalía y el TSJB, aunque admite que posiblemente fue indebida la inscripción en el censo electoral de 72 residentes en Argentina. Pero aquí acaba todo.
Como es natural, desde las filas del PP la satisfacción ha sido plena y han concluido que toda la trama no era sino un intento político de desprestigiarles desde el Pacte de Progrés, que insiste en sus argumentos.
En cierto modo, queda despejado el camino electoral. Sólo falta que se confirme la más que probable candidatura de Matas, que sale reforzado tras las dos decisiones del Supremo en los casos Formentera y Bitel. Pero quien decidirá el color del nuevo Govern en el 2003 no serán los jueces, serán los ciudadanos. Todo lo que ha ocurrido tendrá su reflejo en las urnas.