El Gobierno central prepara una serie de medidas para liberalizar el comercio, lo que significa libertad total de horarios y flexibilidad plena en cuanto a autorizar la apertura de nuevos establecimientos. Como se puede imaginar, la idea del equipo de José María Aznar ha caído como un jarro de agua fría entre el sector de los pequeños comerciantes, que hasta el momento se sentían notablemente amparados por la ley de comercio que promovió en su día el Govern balear y que es la que rige estos asuntos con un talante bastante restrictivo, con el ánimo de defender los intereses de estos pequeños empresarios frente a las grandes superficies.
La propuesta ha indignado igualmente al Govern balear, que ya ha planteado la posibilidad de acudir a los tribunales si llega a prosperar, pues podría invadir competencias asumidas por las comunidades autónomas.
Así las cosas, se prepara una nueva «guerra» de los pequeños contra los grandes, en todos los sentidos, pues afectará a comerciantes y a instituciones. Desde Madrid parece que el modelo a seguir es el norteamericano, donde la sociedad entera se vuelca en las grandes superficies multinacionales, condenando al comercio tradicional a la extinción, por imposibilidad para competir. Sin embargo, estamos en Europa y aquí el pequeño comercio tiene una solera y un peso social del que allí carece. No parece acertado apostar por un modelo tan lejano al nuestro.
Pero tampoco hay que caer en un proteccionismo que no conduce a nada. Los pequeños comercios no pueden vivir anclados en el pasado y deben evolucionar con los tiempos, dando servicio a los consumidores. Curiosamente, una vez más, no se oye la voz de los consumidores ni la de sus supuestos representantes.